SALTO SUCIO es un proceso de investigación, prototipado, negociación socio-institucional y reivindicación de espacios de autogestión deportiva, que surge después de la demolición de pista bmx “Campo Alegre” (suroccidente de Bogotá, 2005-2020) por la Alcaldía Local de Bosa, en plena pandemia, sin concertación ni aviso previo a los gestores, atendiendo y avalando las quejas de un sector de vecinos que entiende que la propiedad privada va más allá de las rejas que definen los límites de su conjunto.

Durante dos años nos hemos reunido los riders de CAMPO ALEGRE con los colectivos “Golpe de Barrio” (hiphop) y “Arquitectura Expandida” para estudiar la normativa y los procesos, negociar informadamente con la alcaldía, estudiar las técnicas y tecnologías, prototipar rampas, visitar otros espacios de Dirt Jump en la ciudad, recuperar la memoria de CAMPO ALEGRE, visibilizar la estigmatización y festejar la colectividad.

En octubre de 2021 desarrollamos un prototipo de rampa, instalada en el parque Mundo (Kennedy) y un fanzine para visibilizar el proceso hasta ese momento.

El salto sucio (el Dirt Jump)

El SALTO SUCIO (DirtJump) es una modalidad de deporte en bici bmx que no se basa en la carrera, sino en saltos y figuras entre montículos de tierra, generalmente autoconstruidos y mantenidos cotidianamente por los mismos usuarios. Esto es un ejercicio de democracia directa en el derecho a la ciudad que requiere, no solo rigor y constancia en la técnica del salto, también una fuerte articulación colectiva.

La tecnología de tierra y agua se combina con las herramientas necesarias, como la bici, el casco o los protectores; con la técnica del salto, que implica una rigurosa práctica de la corporalidad durante el impulso, el desarrollo y la recepción; y con una constante estructura organizativa de mantenimiento, protagonizada por los usuarios, es decir, los “paleamanes”.

Los materiales que se requieren para hacer una pista de SALTO SUCIO son tierra, agua y herramientas básicas como palas o picas. Adicionalmente pueden incluirse algunos elementos como textiles superficiales para evitar el deterioro y disminuir las labores de mantenimiento, o partidores (“trampolines de salida”) generalmente construidos en madera. Tiene además la virtud de poder modificarse en el tiempo para añadir o disminuir dificultad, altura y, en definitiva, cambiar los retos para la práctica deportiva. Esta tecnología de materiales naturales es una práctica propia de zonas rurales o de zonas de borde de la ciudad. No solo es recursivo por el uso del material disponible (la tierra), sino que ofrece una alternativa a los espacios públicos duros de concreto o asfalto, que potencian el calentamiento y disminuyen la transpiración hídrica de los suelos. Esta es una tecnología ciudadana que aporta interesantes estrategias de sostenibilidad ambiental y social para espacios públicos de la ciudad.

Pero estos espacios y sus usuarios están lejos de ser reconocidos por las instituciones públicas y por cierto sector de la ciudadanía como un valor positivo. Los jóvenes vinculados a este deporte son frecuentemente estigmatizados, en palabras de la publicación DUNT del IDRD publicada en 2015 “porque se les relaciona con un deporte de vagos y de drogadictos”.

Campo Alegre Dirt Park (la historia)

Campo Alegre fue una pista de Dirt Jump autoconstruida al tiempo que llegaban los primeros habitantes de las viviendas del plan parcial “Ciudadela El Recreo” en Bosa, en el suroccidente de Bogotá, en el año 2005.

Desde entonces varias generaciones de jóvenes del pedazo se han organizado para mantener y cuidar las rampas, han perfeccionado su técnica, han convocado encuentros, festivales, jams y, en definitiva, han propuesto un espacio alternativo para el encuentro y la autogestión de jóvenes a través de la acción directa y colectiva.

Estaba situada cerca del Canal Santa Isabel, una infraestructura de control de los riesgos de inundación; en suelo de parque sin cualificar que se superpone con la afectación vial de la futura autovía circunvalar

“Avenida Longitud del occidente”. También junto a uno de los muchos conjuntos de vivienda social de diseño repetido y encerrado en rejas que definen la separación entre el espacio privado y un espacio público que cada vez es menos democrático, es menos calle.

En plena pandemia, el 27 de noviembre de 2020 a partir de las 6 am., la Alcaldía Local de Bosa en cabeza de Lizeth Jahira González Vargas demolió la pista BMX autogestionada “Campo Alegre” por denuncias de algunos particulares, sin concertación ni aviso, evidenciando que solo los ciudadanos de primera   son dignos del derecho a la ciudad.

Desde entonces hemos estudiado las excusas no documentadas que vinculan el problema a la gestión de riesgos, justificación que la alcaldía nos ha facilitado tras varios derechos de petición y reuniones con compromisos no cumplidos. La alcaldesa cedió un espacio de encuentro en 2022 proponiendo, de forma preliminar, un tipo de asociación público-privada denominada DEMOS, que implica una sólida estructura jurídica y cofinanciación desde los jóvenes. A la fecha no se ha evidenciado viabilidad del modelo propuesto ni suelos disponibles.

 

La demolición y la negociación con instituciones públicas.

Detrás de otros montículos de tierra se esconde el cuerpo del río Bogotá. Las inundaciones de 2011 en el sector de Bosa Recreo nos recuerdan que el riesgo es presente. Por eso, la gestión del riesgo se encarga de monitorear, prevenir e intervenir cada vez que suben los niveles del río con la legitimidad de proteger y salvar vidas. Pero la gestión de riesgo no es objetiva, y se ha vuelto una herramienta política para llegar a otros fines.

En enero 2016, el alcalde entrante devolvió los estudios de amenazas por inundación que pintaba de rojo los suelos colindantes al río Bogotá. Mediante el Concepto Técnico 8068 del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo, la Alcaldía reautorizó la construcción de miles de viviendas de interés social en unos suelos controversiales.

En 2017, la CAR redujo a su mínima expresión la zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá, para poder construir los garajes del proyecto político de Metro elevado.

En 2020, con la demolición de Campo Alegre, la Alcaldía Local de Bosa también saco su carta “gestión de riesgo” para justificar lo injustificable. La Alcaldía incumplió a sus propios espacios participativos, negándose a aclarar los hechos y propuso un proyecto piloto que nunca asumió.

Nosotros, investigación en mano, afirmamos lo siguiente:

# No existe ningún acto administrativo, informe, carta remisora, estudio/ diagnóstico/ concepto técnico/informe de reunión, ni cualquier documento legal firmado que respalde la demolición de Campo Alegre, por lo cual estimamos que fue arbitraria.

# La Alcaldía desconocía la situación predial de Campo Alegre y se salió de sus competencias interviniendo predios del IDU (reserva vial de la ALO), del DADEP (espacio público) y de la Secretaría de Ambiente (Suelo de protección).

# El Contrato 291 de 2019, con el cual ejecutaron la demolición mediante retroexcavadora en la ZMPA del Canal Santa Isabel, no cumplía con la transparencia requerida por el SECOP.

# Que según la Resolución 1060 de 2018, vigente en el momento de la demolición, los predios de Campo Alegre NO se encontraban en zona de amenaza por riesgo de inundación.

# Que el predio con chip Catastral AAA0168TUCX, sí es propiedad del acueducto, pero NO corresponde al predio de Campo Alegre.

# Que el escenario de BMX no contaba con diseño aprobado por IDRD, porque IDRD no maneja estándar respecto a la práctica del Dirt Jump en tierra, desconociendo la práctica.

# El Decreto 190 de 2004 define los usos permitidos en ZMPA del cual se destaca el uso para cicloruta.

# Que la obra de “recuperación” de la Alcaldía es obra inconclusa, ya que no corresponde ni al 40% del proyecto aprobado y justificado por el Contrato CPS-278 de 2019.

# Que existen personas del conjunto vecino que afirman que fueron ellos quienes denunciaron la pista a la alcaldía y lograron la demolición del escenario.

En conclusión, la Alcaldía Local de Bosa instrumentalizó la gestión de riesgo para censurar la actividad de un grupo focal de jóvenes, dándole legitimidad a pequeños sectores de la población quienes actúan de manera autoritaria en el autocontrol del territorio.